La desaparición de la Dirección General de Drogodependencias y Adicciones del organigrama de la Junta de Andalucía plantea la duda de si se trata de una medida de racionalización organizativa o significa descender un peldaño en el interés que el Gobierno andaluz muestra por un tema de dimensiones sociales y sanitarias tan importantes. La disminución de interés de la Administración andaluza por el problema sólo se podría explicar desde la óptica de la desaparición de la alarma social que acompañó al tema durante tantos años y por la baja percepción del riesgo ciudadano que padecemos en Andalucía y en el resto del país. Pero eso equivaldría a aceptar que las decisiones políticas se toman en función de las tendencias de opinión y no de los datos objetivos epidemiológicos, clínicos y sociales que poseemos en relación con el problema, ya que disponemos de información científica sobre la dimensión y la evolución del fenómeno a través de los diversos instrumentos técnicos de los que nos hemos ido dotando en todos estos años.
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